Con sede justo a la salida de St.Louis, Missouri, la Compañía Química Monsanto fue fundada en 1901 por John Francis Queeny. Queeny, un químico autodidacta, se trajo la tecnología para fabricar sacarina, el primer edulcorante artificial, de Alemania a los EE.UU. En los años 20, Monsanto se convirtió en uno de los principales fabricantes de ácido sulfúrico y otros productos químicos básicos para la industria, y es una de las cuatro empresas que han permanecido entre las diez mayores empresas químicas estadounidenses en cada década desde 1940
En los años 40, los plásticos y las fibras sintéticas se habían convertido en pilares del negocio de Monsanto. En 1947, un carguero francés que transportaba fertilizantes de nitrato amónico explotó en un muelle apenas a 80 m. de la fábrica de plásticos de Monsanto en Galveston, Texas. Murieron más de 500 personas en lo que se consideró uno de los primeros grandes desastres de la industria química. La fábrica producía plásticos de estireno y poliestireno, que aún hoy son componentes importantes de los envases alimenticios y otros productos de consumo. En los años 80, la EPA (Agencia de Protección Medioambiental), catalogó al poliestireno como el quinto producto químico cuya producción genera más desechos peligrosos.
En 1929, la compañía química Swann, comprada poco después por Monsanto, desarrolló los PCB’s, que fueron ampliamente loados por su inflamabilidad y extremada estabilidad química. Los usos más extendidos fueron en la industria de equipamientos eléctricos, que adoptó a los PCBs como refrigerantes no-inflamables para su nueva generación de transformadores. Hacia los 60, la creciente familia de PCB’s de Monsanto eran ya usados en masa como lubricantes, fluidos hidráulicos, ‘aceites cortantes’, protecciones water-proof y sellantes líquidos. Habían aparecido pruebas de los efectos tóxicos de los PCBs tan pronto como en los años 30, y científicos suecos que estudiaron los efectos biológicos del DDT habían encontrado concentraciones significativas de PCBs en la sangre, pelo y tejido graso de los animales salvajes en los años 60.
Las investigaciones durante los años 60 y 70 revelaron que los PCB y otros cloruros orgánicos aromáticos eran potentes agentes cancerígenos, y también los relacionaron con un amplio abanico de desórdenes inmunológicos, reproductivos y de crecimiento. Su alta afinidad química con la materia orgánica, especialmente el tejido graso, es la responsable de las dramáticas tasas de bioacumulación y su extensión a la cadena alimenticia acuática en el Norte: la merluza ártica, por ejemplo, contiene concentraciones de PCB 48 millones de veces superiores a las de las aguas en que se encuentra, y los mamíferos depredadores como los osos polares pueden tener concentraciones de PCB en sus tejidos aún 50 veces más grandes. Aunque la fabricación de PCBs se prohibió en los EE.UU en 1976, sus efectos destructores y tóxicos persisten en el mundo entero.
El centro mundial de la producción de PCB era la fábrica de Monsanto en los suburbios de St.Louis Este, Illinois. St.Louis Este es un suburbio económicamente subdesarrollado de manera crónica, al otro lado del Mississipi desde St.Louis, bordeado por dos grandes plantas de procesamiento de metales además de la fábrica de Monsanto. "St. Louis Este", informa el periodista sobre temas de educación Jonathan Kozol, "tiene algunos de los niños más enfermos de América". Kozol informa que la ciudad tiene la tasa más alta de muerte fetal y nacimientos prematuros en todo el Estado, la tercera tasa más alta de mortalidad infantil, y una de las más altas tasas de asma en todos los EE.UU.
-Brian Tokar Fuente Z Net
Existe una campaña a nivel mundial de empresas y gobiernos que presentan a los biocombustibles como alternativa al consumo de petróleo y solución para problemas como el calentamiento global. Sin embargo hay una lógica comercial por detrás: las transnacionales de los transgénicos ven esto como una excelente oportunidad para aumentar sus ganancias y justificar el uso de transgénicos en nombre de un supuesto mejoramiento ambiental.
Empresas como Monsanto y Cargill se están avocando cada vez más a la producción de un tipo de biocombustible, el etanol, fabricado con maíz. De esta forma se está dedicando más terreno para la siembra de maíz amarillo para producir etanol que para maíz blanco, base de la dieta mexicana y con el que se hace la harina, elevando mucho el precio de las tortillas. Expertos señalan que el auge de los biocombustibles puede derivar en un aumento de los precios de alimentos, lo cual es sinónimo de más hambre para muchos. La cantidad de granos que se necesita para llenar el tanque de una camioneta con etanol es suficiente para alimentar a una persona durante un año. De esta forma, la producción de etanol a partir del maíz atenta de forma directa contra la soberanía alimentaria, al tratarse de un alimento básico para el pueblo mexicano.
Además, hay investigaciones que demuestran que el ciclo completo de producción de biocombustibles deja un saldo negativo en varios aspectos. En primer lugar, se necesitan grandes extensiones de tierra, lo cual eleva los índices de deforestación. Segundo, se utiliza mayor cantidad de agroquímicos, lo cual se traduce en una mayor erosión y contaminación de suelos y aguas. Tercero, además del gasto en combustibles que el proceso requiere, se necesitan grandes cantidades de agua: para producir un litro de etanol a base de maíz, se necesitan de 1.200 a 3.600 litros de agua. Por último, las grandes extensiones de tierra dedicadas a monocultivos para la producción de biocombustibles irremediablemente entran en disputa con aquellas destinadas al cultivo de alimentos, lo cual representa un grave riesgo para la soberanía alimentaria.
Hoy, los herbicidas de glifosfatos como el Roundup suponen al menos una sexta parte de las ventas anuales de Monsanto y la mitad del beneficio operativo, quizás mucho más desde que la empresa separó sus divisiones de química industrial y fibras sintéticas creando una empresa separada, llamada Solutia, en septiembre de 1997. Monsanto está promocionando agresivamente a Roundup como un herbicida de uso general seguro, para usar en cualquier sitio, desde césped a orquídeas a grandes bosques de coníferas, en los cuales se usa la fumigación aérea del herbicida para recortar el crecimiento de árboles de hoja caduca y fomentar el crecimiento de las más rentables coníferas. La NCAP (Coalición del Noroeste para Alternativas a los Pesticidas), con base en Oregon, revisó 408 estudios científicos sobre los efectos de los glifosfatos y de las aminas polioxietilenas que también se usan en el Roundup, y llegó a la conclusión que el herbicida es mucho menos benigno de lo que sugiere la publicidad de Monsanto: "Los síntomas del envenenamiento agudo en los humanos después de la ingestión de Roundup incluyen dolores gastrointestinales, vómitos, hinchazón de los pulmones, neumonía, pérdida de conciencia y destrucción de células rojas. Trabajadores que mezclaban, cargaban y aplicaban glifosfatos informaron de irritación de ojos y piel. El Sistema de Monitorización de Incidentes con Pesticidas de la EPA tiene 109 informes de efectos sanitarios asociados con la exposición a los glifosfatos enre 1966 y octubre de 1980. Entre ellos se incluyen irritación de ojos y piel, náuseas, mareos, dolores de cabeza, diarreas, visión borrosa, fiebre y debilidad".
Es importante remarcar que las fechas 1966-1980 representan un periodo muy anterior al del uso extendido del Roundup.
Una serie de suicidios e intentos de suicidio en Japón durante los 80 usando Roundup, permitió a los científicos calcular la dosis letal en seis onzas. El herbicida es 100 veces más tóxico para los peces que para las personas, es tóxico para los gusanos, las bacterias de la tierra y hongos beneficiosos, y los científicos han medido varios efectos fisiológicos directos del Roundup en peces y otras formas salvajes de vida, además de los efectos secundarios atribuibles a la destrucción de los bosques. La separación del glifosfato en N-nitrosoglifosfato y otros compuestos relacionados han incrementado las dudas sobre el posible potencial cancerígeno de los productos Roundup.
Un estudio en 1993 de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de California en Berkeley, encontró que los glifosfatos eran la causa más común de enfermedades relacionadas con los pesticidas entre los trabajadores de mantenimiento de obras públicas en California, y la tercera causa entre los trabajadores agrícolas. Un análisis de la literatura científica realizado en 1996 por los miembros de la Mesa Redonda sobre los Bosques de los Ciudadanos de Vermont (grupo que había hecho presión con éxito en la legislatura de Vermont para una prohibición estatal sobre el uso de herbicidas en la industria forestal), reveló nuevas pruebas de daños pulmonares, palpitaciones del corazón, náusea, problemas reproductivos, aberraciones en los cromosomas, y numerosos efectos más de la exposición al herbicida Roundup. En 1997, Monsanto respondió a cinco años de quejas por parte del Fiscal General del Estado de Nueva York de que los anuncios de Roundup eran engañosos; la empresa alteró los anuncios eliminando la afirmación de que el herbicida es "biodegradable" y "respetuoso con el medio ambiente" y pagó $50.000 por las costas legales del Estado en el caso.
En 1998, Monsanto aceptó pagar una multa de $225.000 por etiquetar mal contenedores de Roundup en 75 ocasiones diferentes. Era la multa más alta jamás pagada en violación de los Estándares de Protección de los Trabajadores en la FIFRA. Según el Wall Street Journal, Monsanto distribuyó contenedores del herbicida con etiquetas que restringían la entrada a las áreas tratadas durante 4 horas en vez de las 12 horas requeridas. Esta es sólo la última en una serie de multas y sentencias contra Monsanto en los EE.UU, incluyendo el pago de $108 millones por responsabilidad en el caso de la muerte por leucemia de un empleado en Texas en 1986, un arreglo de $648.000 por supuestamente dejar de dar los datos de salud requeridos a la EPA en 1990, una multa de $1 millón por el Fiscal General de Massachussets en 1991 en el caso de un escape de un contenedor de ácidos de 200.000 galones, un arreglo de $39 millones en Houston, Texas, referente al depósito de elementos químicos peligrosos en fosas no protegidas, y muchos más. En 1995, Monsanto era la quinta en el ranking de empresas de los EE.UU en el Inventario de Residuos Tóxicos de la EPA, habiendo descargado 37 millones de libras de productos tóxicos en el aire, tierra, agua y subsuelo.
Hoy día los herbicidas de glifosato, tales como el Roundup, representan al menos una sexta parte de las ventas anuales totales de Monsanto, y la mitad de los ingresos por operaciones de la compañía, o quizá algo más desde que la compañía segregó sus actividades de productos químicos industriales y tejidos sintéticos en una empresa aparte, llamada Solutia (en septiembre de 1997). Monsanto promociona agresivamente el Roundup como un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas, donde se utiliza la fumigación aérea para impedir el crecimiento de plantones de frondosas y matorrales, y favorecer así el crecimiento de árboles rentables como abetos y picea. La organización North West Coalition for Alternatives to Pesticides (NCAP), con sede en Oregón, revisó más de 40 estudios científicos sobre los efectos del glifosato y de las aminas polioxietilénicas (usadas como agentes tensioactivos en el Roundup), y concluyó que el herbicida es mucho menos inocuo de lo que dicen los anuncios de Monsanto [Más sobre el Roundup en el artículo de J. Mendelson].
En 1997, Monsanto respondió a cinco años de quejas del fiscal general del estado de Nueva York de que sus anuncios del Roundup eran engañosos, cambiando sus anuncios en el sentido de borrar las referencias a la «biodegradabilidad» y al carácter «ambientalmente positivo» del herbicida. La empresa hubo de pagar 50.000 dólares de costas en el caso.
En marzo de 1998, Monsanto accedió a pagar una multa de 225.000 dólares por etiquetar mal contenedores de Roundup en 75 ocasiones diferentes. La multa fue la mayor cantidad jamás pagada por violar las normas de protección de los trabajadores contenidas en la FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act). Según el diario Wall Street Journal, Monsanto distribuyó contenedores del herbicida, con etiquetas restringiendo la entrada en las áreas tratadas con dicho herbicida, sólamente durante cuatro horas en lugar de las 12 horas necesarias.
Esta es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto en los EE.UU., incluyendo 108 millones de dólares por responsabilidad en el caso de la muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986, una indemnización de 648.000 dólares por no comunicar a la EPA unos datos sanitarios que le fueron requeridos en 1990, una multa de 1 millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de unos 750.000 litros de agua residual ácida, otra indemnización de 39 millones en Houston (Tejas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento, y muchos otros casos. En 1995, Monsanto era la quinta empresa de EE.UU. en el inventario de vertidos tóxicos de la EPA, con 16,8 millones de kg. de productos químicos tóxicos descargados en tierra, aire, agua y subsuelo.
Los productos farmacéuticos de Monsanto tienen también un historial inquietante. El producto estrella de la compañía farmacéutica GD Searle, subsidiaria de Monsanto, es el edulcorante artificial «aspartame», vendido bajo los nombres comerciales de Nutrasweet y Equal. En 1981, cuatro años antes de que Monsanto comprase Searle, un comité consultivo de la FDA (Food and Drug Administration) compuesto por tres científicos independientes, confirmó informes que habían estado circulando desde hacía ocho años, y que afirmaban que «el aspartame podría inducir tumores cerebrales». La FDA retiró a Searle la licencia de venta del aspartame, pero esta decisión fué anulada por un nuevo comisionado nombrado por el presidente Ronald Reagan.
Un estudio de 1996 publicado en la revista científica Journal of Neuropathology and Experimental Neurology ha suscitado de nuevo la preocupación, relacionando el aspartame con un incremento súbito de cánceres cerebrales a poco de introducirse la substancia. El Dr. Erik Millstone, de la Unidad de Investigación sobre Política Científica de la Universidad de Sussex (Inglaterra), cita una serie de informes de los años 80, que relacionan el aspartame con un conjunto amplio de reacciones adversas en consumidores sensibles, incluyendo dolores de cabeza, visión borrosa, entumecimiento, pérdida de audición, espasmos musculares y ataques inducidos de tipo epiléptico, entre otras muchas. En 1989, Searle tuvo de nuevo problemas con la FDA, que acusó a la empresa de publicidad engañosa en el caso de su medicina antiúlcera, Cytotec. La FDA dijo que los anuncios estaban dirigidos a una población mucho más amplia y joven de lo que había aconsejado la agencia (FDA). Se le exigió a Searle/Monsanto que retirara de varias revistas médicas un anuncio con el título «Publicado para corregir un anuncio previo que la FDA consideró engañoso».
En los alrededores de la ciudad argentina de Córdoba, existe un barrio llamado Ituazingó Anexo cuyos pobladores sufren hace años la condena de los plaguicidas. Al estar cercado por plantaciones de soya, la población sufre de una lluvia continua de agrotóxicos que ha derivado en enfermedad y muerte. Entre sus 500 habitantes han aparecido múltiples casos de cáncer, leucemia y malformaciones congénitas. Los productores de soya realizan fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos como glifosato o endosulfan, las cuales afectan directamente a los pobladores. Esta situación se repite en varios poblados de Córdoba, por lo cual se ha formado la Asamblea de Pueblos Fumigados y Desalojados, integrada por aquellos pobladores que por el avance de los monocultivos se ven afectados tanto por las fumigaciones como por los desalojos de familias campesinas. Argentina es el tercer productor mundial de soya después de Brasil y Estados Unidos. Casi el cien por ciento de la soya que se siembra es transgénica y propiedad de Monsanto.
En la frontera entre Ecuador y Colombia, las fumigaciones aéreas financiadas por Estados Unidos, con el pretexto de la lucha contra las drogas, han dañado severamente el ADN de la población local, lo cual puede activar el desarrollo de cáncer y otras enfermedades, siendo que las investigaciones que ha promovido Monsanto y los informes de altos funcionarios de salud y ambiente están dirigidos a presentar la baja toxicidad del glifosato. De esta forma, el Estado, de la mano de Monsanto, está atentando contra la salud pública y el medio ambiente a través de su "Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado" o Plan Colombia. Desplazamientos, contaminación de alimentos, de suelos, aguas, de flora y fauna, destrucción de bosques nativos, enfermedad para las poblaciones: todo ello constituye un atentado contra la vida de los pobladores de Colombia y Ecuador.
En Paraguay, el modelo de la soya transgénica representa muerte y destrucción. En el año 2003, murió Silvino Talavera, de 11 años de edad, luego de ser rociado por un vecino que fumigaba su campo. Las investigaciones científicas demostraron su muerte se dio por intoxicación con los agrotóxicos que usaban los soyeros, Roundup y Cipermetrin. En pocos años, Paraguay se ha convertido en el tercer exportador y el cuarto productor mundial de soja. El 85% de las semillas plantadas en este país pertenecen a Monsanto.